Compromiso con la prevención de la trata de personas en Centroamérica
La Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, la ONG Save The Children y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) presentaron los resultados de cuatro años de trabajo en el marco del convenio regional que ha permitido el incremento de las capacidades de las instituciones de la región centroamericana y la sociedad civil, para la prevención, atención a víctimas y el combate del delito de trata de niños y niñas.
“Esta ha sido una de las intervenciones más ambiciosas de las financiadas por España en el sector, tanto por la complejidad de su objetivo principal —la prevención y el mejoramiento de los sistemas de combate del fenómeno de la trata de personas—, como por su metodología de ejecución en la dimensión regional, nacional y local”, destacó la ministra consejera de la Embajada de España en El Salvador, Pilar Terrén, el pasado 24 de mayo, en el acto de clausura del convenio.
La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, dijo que “El Salvador debe estar libre de trata de personas” y agradeció la colaboración de España en este tema que ha permitido “fortalecer la articulación de las instituciones de El Salvador y las capacidades de los tomadores de decisión y operadores del sector”.
Desde 2004 a 2011, en El Salvador se han registrado 38 casos condenados de trata de personas. Aunque la cifra es baja, el país registra la tasa más alta de la región centroamericana. Además, ha habido un aumento significativo en la eficiencia y la organización municipal para la prevención y el combate. Durante el periodo del convenio se formó el Consejo Nacional contra la Trata de Personas en El Salvador y la alcaldía de Mejicanos, un municipio del área metropolitana de San Salvador, promulgó la primera ordenanza municipal latinoamericana con acciones locales para prevenir la trata de personas.
Además de en El Salvador, el convenio se ha desarrollado en Nicaragua, Honduras y Guatemala. Ha llegado a 90 municipios, 47.819 personas entre funcionariado del Estado y sociedad civil, a más de 188.000 niños, niñas y adolescentes, a más de 9.200 personas adultas y 489 periodistas.
El convenio “Fortalecimiento de capacidades de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil para la protección integral de la niñez y la adolescencia con especial incidencia en trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes” contó con una financiación de 3.2 millones por parte de AECID para el periodo 2008-2012.
El trabajo ha permitido visibilizar y concienciar a la población sobre el problema de la trata que afecta a la región centroamericana y que supone la captación, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza y al engaño con fines de explotación sexual, laboral u otra índole.
Perfil de las víctimas
De acuerdo a un estudio realizado por Save the Children, el rango de edad de la mayoría de las víctimas se encuentra entre los 12 y 17 años, y presentan un promedio de escolarización bajo. “Al inicio del convenio, los niños y las niñas no sabían qué era la trata y ¡qué difícil es protegerse de algo que no se conoce!”, explicó Ana María Martínez, coordinadora regional del convenio que ha combinado el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre instituciones del Estado con las labores de incidencia y prevención a través de metodologías lúdicas. La coordinadora del convenio destacó como claves del éxito de las acciones realizadas desde el nivel local, con las comunidades, y el trabajo con las instituciones que han participado en la elaboración de los protocolos y que se han apropiado del proceso.
En el marco del convenio, operadores del sistema de justicia en El Salvador fortalecieron su capacidad de judicialización con su participación en cursos sobre análisis técnico jurídico y tratamiento procesal del delito. En materia de investigación, las instituciones elaboraron un mapeo geográfico social del delito de trata de personas lo que permite contar con un instrumento visual que integra información hasta ahora dispersa y que sirve para la formulación de políticas de prevención y persecución del delito.
La Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña ha comenzado a implantar los protocolos y manuales de atención inmediata a víctimas de trata, creados en el marco del convenio, al tiempo que se ha equipado y apoyado los mecanismos de funcionamiento del albergue regional de víctimas de trata de personas que administra el Instituto Salvadoreño de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y que permite la restitución de derechos a las víctimas.
