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Concejos Municipales Plurales: un avance en los procesos democráticos en El Salvador

En sesión plenaria, el 7 de marzo de 2013 la Asamblea Legislativa, con 73 votos -de 84- aprobó las reformas al Código Electoral para la implementación de Concejos Municipales Plurales a partir de las elecciones legislativas del año 2015.

 Esta reforma, que estuvo por 19 años en el debate público, se logró a través de un  proceso sistemático de incidencia con los partidos políticos, fracciones legislativas, Consejos Departamentales de Alcaldes, COMURES y la ciudadanía.

 La reforma aprobada constituye un paso importante en el proceso de modernización y democratización del sistema electoral, pero su éxito depende de la voluntad de los partidos políticos y la exigencia ciudadana por construir Gobiernos Municipales estables, transparentes y democráticos, donde predomine el diálogo, la concertación y el debate como mecanismos para la toma de decisiones.

 Según se establece en la reforma aprobada al Art. 264 del Código Electoral, al partido político que obtenga la mayoría simple se le asignarán los cargos de Alcalde y Síndico Municipal, así como los regidores propietarios en proporción a los votos obtenidos. Si el partido político no obtiene mayoría simple, se le asignará el número de regidores propietarios, que junto con el Alcalde y Síndico Municipal, hagan mayoría simple. El resto de regidores propietarios se distribuirá proporcionalmente entre los otros partidos contendientes, según la fórmula de cocientes y residuos que ya se utiliza para el caso de los diputados de la Asamblea Legislativa. Por tanto, en cualquiera de los escenarios, el partido político que obtenga mayor cantidad de votos tendrá mayoría simple en el Concejo.

 En este proceso ha jugado un papel importante  el Grupo Gestor por los Concejos Plurales, que desde el año 2007 ha acompañado esta iniciativa con la realización de estudios, campañas de sensibilización ciudadana y de incidencia política. Dicho grupo conformado actualmente por la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y Descentralización (CONADES), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Fundación para el Desarrollo (FUNDE) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y ha contado con el acompañamiento técnico y financiero de la Red de Cooperantes para el Desarrollo Local (RECODEL),  entre los que se encuentran la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y El Caribe (FUNDEMUCA), el Fondo Valenciano para la Solidaridad y las Cortes Valencianas (Fons Valencia Per la Solidaritat/Cort Valencianes) y la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ).

 Con esta reforma se espera lograr un incremento de la representatividad de los funcionarios electos, la consolidación del vínculo entre representante-representado, una mejora e incremento de la participación ciudadana, mayor transparencia en la gestión local, mayor estabilidad laboral y una planificación a más largo plazo, entre otros.

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